Después de permanecer varios años en las 32 cárceles del país, su libertad tiene ciertas condiciones, como por ejemplo que cuando la JEP los cite para rendir cuentas se deben presentar ante la autoridad judicial, no pueden salir del país y se comprometen a reparar inmaterialmente a las víctimas.

Una persona que tenga condenas también puede acceder a penas que no son intramurales sino por fuera de un establecimiento carcelario. Sin embargo quien incumpla con este acondicionamiento perderá dicho beneficio.

En este momento permanecen cerca de 500 miembros de la fuerza pública recluidos en los centros penitenciarios por conductas relacionadas con el conflicto.

El profesor José Elkin Herrera Novoa, abogado de la Defensoría Militar del Ejército Nacional, entregó estos datos en el diplomado “Historia, construcción de paz y posacuerdo en Colombia”, que realiza la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales.

Según el docente, “estos militares han recibido beneficios judiciales y han podido salir de los centros de reclusión gracias a la Ley 1826 de 2016. Otro de los beneficios es la suspensión de órdenes de captura, derivada del decreto ley 706 de 2016”.

Decir la verdad

El profesor Alejo Vargas, de la U.N. Sede Bogotá, precisó que la JEP es un mecanismo que permite que tanto los miembros de las organizaciones guerrilleras como los de las fuerzas militares y también civiles que voluntariamente se quieran acoger reciban un tratamiento de justicia transicional.

“Lo fundamental de este proceso es el conocimiento de la verdad. Según esto, la JEP debe establecer una pena retributiva en función de las víctimas”, dijo el docente.

Explicó que así como lo han hecho los militares, los miembros de las FARC también rendirán sus versiones de esclarecimiento de la verdad y con base en estas el tribunal o la sala de JEP fallará.

El profesor Alejo Vargas aclaró que la ciudadanía debe entender que la JEP busca cerrar el conflicto con las FARC, que involucra a sus diferentes actores.

Es por esto que pueden ir tanto miembros de la guerrilla y de la fuerza pública que formaron parte del conflicto y que tuvieron algún vínculo, además de otros actores, como miembros de grupos paramilitares que quieren someterse.

La profesora Mariela Márquez Quintero, coordinadora de la Cátedra de la Paz, complementó que en el proceso no solo los grupos armados cometieron errores sino también los miembros de la fuerza pública.

“Lo más importante es llegar a la verdad, los militares también fueron víctimas de la guerra y merecen ser resarcidos”, concluyó la docente.

La tercera cohorte del diplomado “Historia, construcción de paz y posacuerdo en Colombia” culminará el viernes 4 de mayo. La formación gratuita fue impartida por la U.N. para funcionarios de la Cruz Roja, profesores de instituciones educativas, funcionarios de Pacífico Tres, jueces y fiscales, la Escuela Superior de Administración Pública, además de otras instituciones del Estado.