Otro objetivo es que ellos se incorporen al ciclo de producción de alimentos que hoy demanda el mundo de manera masiva, explicó el profesor Marco Romero, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), durante la Cátedra de la Paz que se realiza en la U.N. Sede Manizales.

“El campesinado puede tener un lugar dentro de esa oportunidad económica, pero es necesario que el Estado apoye estas economías, como lo hizo en el pasado con la ganadería y los grandes productores; ahora es cuestión de hacerlo con los más pequeños para que salgan del microfundio y tengan una opción productiva”, manifestó el docente.

El invitado a la Cátedra de la Paz afirmó que las investigaciones sobre la sociedad rural muestran que el país está ante grandes problemas estructurales que se tienen que resolver si se quiere evitar que la sociedad rural sea el epicentro de la discriminación, las desigualdades y los conflictos, que en buena medida han reproducido parte de la guerra.

Según el informe de Colombia Rural, la sociedad de estas zonas del país tiene un índice de ruralidad del 30 %, pero tiene un mapa de concentración de la tierra del 0,87 %. Además, la mayor parte de la tierra se destina a ganadería extensiva.

“Se tiene prácticamente un campesinado asfixiado, microfundista, sin condiciones de bienes públicos, sin apoyos en términos de derechos de ciudadanía”, precisó el profesor Romero de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Institución.

Campesinos sin tierra

El Acuerdo de Paz tiene como ejes fundamentales tanto reconocer esa deuda social que tiene Colombia con los pobladores rurales, como buscar una manera de resolver este problema en términos no solo de subsidios sino de garantizar una opción productiva para el campesinado, los indígenas y los agrodescendientes.

“Esta es la esencia del Acuerdo, que no afecta la propiedad privada, no expropia a nadie, pero sí habla de que el Estado debe desplegar distintos instrumentos para garantizarle mayor acceso a la tierra a quien tenga vocación productiva rural”, dijo el experto de la U.N.

El Acuerdo también establece que se debe formalizar la propiedad, porque la mayoría de los campesinos carece de un título formal, y sin esto es imposible adelantar transacciones en el marco de la economía informal.

Además señala que para ellos se tendrán tanto créditos especiales, como planes de salud, educación y seguridad alimentaria, es decir que reconoce que esta población está sometida a una profunda inequidad que se debe resolver por medio de medidas distributivas. 

Economía alterna

El narcotráfico tiene tres soportes: el negocio del narcotráfico como tal; la instrumentación que hacen del negocio los actores armados y la corrupción; y el campesinado, que está en condiciones de miseria. 

“Si se quiere eliminar este tercer soporte se le debe dar alternativas productivas. Los planes que se han implementado en el pasado han fracasado porque no han tenido los instrumentos para crear una economía alterna. Tanto el narcotráfico como las economías ilícitas le ofrecen al campesinado una opción económica en contextos de violencia”, concluyó el profesor Romero.

Por eso, con el Acuerdo esta modalidad se debe reemplazar por una alternativa formal y legal, con inversiones y con el acompañamiento de instituciones que brinden asistencia técnica agropecuaria, acceso a tierras y apoyo en distintos planos para que salgan de la ilegalidad.