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Países en desarrollo: con ineficiencia y lentitud en trámites judiciales

La principal problemática de los países en vía de desarrollo es la falta de una gerencia adecuada de lo público para que se disminuya la inoperancia o ineficiencia en sus procesos de justicia, tanto administrativos como operativos.

 

Los tiempos de respuesta para evacuar los trámites judiciales no son oportunos porque llegan más procesos de los que se pueden gestionar. Además, existe una burocracia excesiva por el número de trámites o instancias a las que se debe acudir.

 

Lo anterior, son algunas de las conclusiones de la investigación de Julián Andrés Restrepo Guzmán, de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, quién indagó acerca de la ineficiencia de la administración de justicia en Colombia a través del análisis de la literatura administrativa y estudios de caso de países desarrollados.

 

“Mientras un juez de Colombia resuelve cerca de 450 casos o proceso al año, en Estados Unidos está cifra ronda los 3.000 en este mismo periodo de tiempo”, afirma el estudiante de la Maestría en Administración.

 

De igual manera, menciona que el Estado en países en vía de desarrollo es lento y por eso se hace necesario un rediseño estructural y administrativo que genere un nuevo modelo de gestión en la administración de justicia, para que existe equidad e igualdad entre sus ciudadanos.

 

El investigador de la U.N. hizo una comparación, después de una revisión bibliográfica de seis meses, de los modelos de gestión pública aplicados en Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea con los de los modelos administrativos – gerenciales que en la actualidad tienen las entidades del Estado en Colombia, (específicamente en la rama de la Administración de Justicia).

 

Como resultado encontró que existen fallas en su estructura organizativa, su sistema de organización y su planificación de buen gobierno, que hacen que la gerencia adecuada de lo público pierda sentido y autoridad.

 

“Europa y Estados Unidos se caracterizan porque los Estados y las organizaciones tienen mayor flexibilidad y mejor atención al cliente (ciudadano).  También porque disminuyen la burocracia y generan mayor transparencia en las decisiones que afectarán directa o indirectamente a sus asociados (ciudadanos)”, sostiene.

 

Otras causas   

 

El investigador sostiene que parte de la problemática del sector judicial en Colombia se da a raíz del alto grado de conflicto social, que conlleva a que se generen más procesos judiciales entre los ciudadanos por razones de violencia, de desigualdad, inequidad, entre otros.

 

Caso contrario de lo que ocurre en sociedades europeas como Dinamarca, Noruega o Suecia, en donde las problemáticas sociales se presentan en menor proporción, puesto que tienen mejor calidad de vida y también por su cultura e índices de desarrollo.

 

“Esta es una de las variables que hace que en nuestro entorno se dificulte más la adecuada prestación de justicia para los ciudadanos”, recalca el estudiante Restrepo Guzmán.

 

Otra de las causas analizadas de esta problemática se presenta por los intereses de los partidos políticos y de la burocracia de quienes detentan el poder (especialmente en Latinoamérica), es decir, gobernantes y dirigentes que no aceleran la modernización del Estado y la reestructuración de modelos eficientes.

 

Un nuevo modelo

 

El investigador manifiesta que para reducir la inoperancia presente en el sector judicial, se puede poner en marcha un nuevo modelo de gestión pública que atienda las necesidades de la sociedad colombiana.

 

Para ello, el estudiante recomienda adecuar el modelo de gestión pública que ha sido exitoso en algunos países europeos y que incluye nuevas tendencias de gerencia y administración, que vayan de la mano con el sector judicial del país.    

 

Estas tienen que ver con intentos de ralentizar o revertir el crecimiento del gobierno en términos de gasto público, dotación y capacitación de los funcionarios. 

 

El segundo punto tiene que ver con el cambio hacia la privatización alejándose de las instituciones gubernamentales, con un renovado énfasis oportuno y eficiente en prestación de servicios.  

 

El tercer punto es el desarrollo de la automatización, en particular en la tecnología de la información, en la producción y distribución de servicios públicos.

 

“Por último, el desarrollo de una agenda más internacional, centrada cada vez más en cuestiones generales de gestión pública, diseño de políticas, estilos de decisión y cooperación intergubernamental”, dice el estudiante de maestría de la U.N.

 

Además, plantea que las organizaciones del Estado son sistemas dinámicos y no son estáticos. Por lo tanto es importante el diseño de una estructura organizacional a la medida del sector público que se convierta en el marco de referencia dentro del cual los actores participen, negocien, interactúen e interpreten el sentido de sus acciones, para que de esta manera las relaciones de los ciudadanos se trancen en el marco de la conciliación y una cultura de respeto hacia el otro.  

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