En Caldas, por ejemplo, se han ejecutado alrededor de 86.000 millones de pesos, en los que se tienen contemplados aspectos como asistencia humanitaria, indemnizaciones, inversiones y acompañamiento a los entes territoriales según lo establece la Ley 1448 de 2011. 

Estas cifras fueron entregadas en el diplomado “Historia, construcción de paz y posacuerdo en Colombia” que realiza la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales.

“Aunque la inversión en Caldas es importante, resulta un tanto insignificante frente a las cifras del orden nacional, según las cuales se han invertido más de 4 billones de pesos en víctimas de toda clase”, explicó Ernesto Castaño Visan, profesional de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, quien participó en esta jornada de la U.N. Sede Manizales.

El funcionario indicó que este proceso estuvo en mora y se debió hacer con mucha antelación. Sin embargo desde hace 15 años el Estado ha venido trabajado en una reparación integral a las víctimas del conflicto armado para minimizar sus efectos negativos.

Para efectos legales “víctima” es toda aquella persona que hubiere sufrido un daño como consecuencia de violaciones de los derechos humanos ocurridas después del primero de enero de 1985 en el marco del conflicto armado.

Trata de personas

Dentro del diplomado también se habló del delito de trata de personas en escenarios del posconflicto, que se ve reflejado en el reclutamiento ilegal.

La profesora Mariela Márquez Quintero, coordinadora de la Cátedra de la Paz de la U.N. Sede Manizales, precisó que en Colombia existen 300 denuncias registradas y 120 demandas por menores de edad reclutados o llevados a través de redes sociales: “principalmente son denuncias realizadas por familiares de menores de edad desaparecidos. Han salido de Colombia para países como Guatemala, Panamá y Centroamérica”.

La docente manifestó que desde la perspectiva de los menores de edad y del reclutamiento ilegal este es uno de los delitos más relevantes del país como parte del posacuerdo: “si bien algunos son tomados como objeto sexual, otros pueden permanecer en bandas criminales o diferentes grupos ilegales para delinquir”.

Afectación en el Eje Cafetero

El profesor Jairo Antonio Toro Bedoya, presidente de la Fundación Jhonatan, encargada de la atención de víctimas del delito de trata de personas, manifestó que la zona de Caldas, Quindío y Risaralda está entre las más afectadas por este flagelo.

En Caldas, por ejemplo, esta fundación ha atendido cerca de 50 víctimas en los últimos años por temas como prostitución, explotación laboral, turismo sexual, matrimonio servil e incluso conflicto armado.

“El municipio de Caldas que más víctimas registra es Anserma; Pensilvania también tiene muchas personas afectadas, sin dejar de lado La Dorada, Manizales y Chinchiná”, concluyó el docente Toro Bedoya.

En el diplomado participan 20 oficiales y suboficiales del Batallón Ayacucho de Manizales y de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de la Policía Nacional, 30 docentes de 14 municipios de Caldas, 15 jueces, magistrados y funcionarios de la rama judicial, además de 10 delegados de la Defensoría del Pueblo y de empresas del sector privado.

La formación es gratuita y certificada por la U.N. y las secretarías de Educación de Manizales y de Caldas, apoyada además por la Concesión Pacífico III.

En esta segunda edición se tienen como ejes temáticos, entre otros, la implementación del Acuerdo de Paz; las proyecciones de las fuerzas armadas; la axiología y los valores como la confianza y el perdón; el reencuentro de víctimas y victimarios; nuevos escenarios políticos con la participación de excombatientes de las Farc; búsqueda de los desaparecidos; sustitución de cultivos ilícitos y regiones del posacuerdo.