El carrusel de la contratación en Bogotá, el pago de pensiones millonarias en Foncolpuertos, la desviación de recursos de Agro Ingreso Seguro, los billonarios sobrecostos en Reficar, o el ingreso de dineros a las campañas políticas de 2014 por parte de Odebrecht son algunos ejemplos de la retahíla de corrupción en Colombia.

Cada año el país pierde alrededor de 2,2 billones de pesos por desvío, indebida utilización y robo de recursos en sectores como obras públicas, micro y megaproyectos, salud, educación y contratación de personal.

El informe 2016 de la ong Transparencia Internacional, sobre la percepción de la corrupción, sitúa a Colombia como uno de los países con mayor índice, entre 176 naciones consideradas. El análisis comprende una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). La puntuación nacional fue de 37, la misma desde 2014.

En relación con el sector privado, la encuesta anual global sobre fraude desarrollada en 2013 por The Economist Intelligence Unit muestra que las empresas afectadas por este delito pasaron del 49 % en 2011 al 63 % en 2012. Estos crímenes económicos equivalen al 1 % del producto interior bruto del país.

El profesor Luis Ignacio López Villegas, director del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia (un) Sede Manizales, afirma que “la inquietud por la corrupción seguirá existiendo mientras permanezcan prácticas como la contratación a dedo o directa, sin postulantes, o con los pocos mecanismos de control que existen para el financiamiento de las campañas electorales”.

A pesar de que la mayoría de entidades del Estado cuenta con un alto nivel de automatización de sus procesos, gracias al gobierno electrónico (uso de las TIC en la administración pública para proveer información y servicios públicos a la sociedad) las contralorías siguen desarrollando muchos de sus procedimientos de auditoría de forma manual, lo cual implica una importante brecha tecnológica.

El profesor Francisco Javier Valencia Duque, doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la un Sede Manizales, señala que en acciones de prevención de fraude y corrupción las tic tienen mucho que aportar. “Si las auditorías se hicieran on line y de manera más frecuente, no cada seis meses o más como sucede ahora, habría más probabilidades de detectar a tiempo el robo de recursos o el fraude”.

Para contribuir a la solución de esta problemática, los docentes Valencia y Jhony Alexander Tamayo Arias diseñaron para Colombia el primer modelo que contempla un control fiscal intensivo en el uso de tic como parte del proceso auditor y no simplemente como herramientas de apoyo. Este detecta la presencia de riesgo de corrupción de forma inmediata; por ejemplo genera alertas cuando se dan transferencias electrónicas no autorizadas. 

Pensado para Colombia 

Al indagar en el ámbito internacional sobre las técnicas y herramientas de auditoría en tiempo real o continua, basadas en plataformas electrónicas, los docentes de la un Sede Manizales encontraron 33, con escasa implementación en América Latina y en el sector público.

Apoyados en esta información, diseñaron una propuesta conformada por cuatro capas. La primera es la base normativa (bn), que permite que la propuesta sea viable jurídicamente, con la integración de tres tipos de normas: aquellas propias del control fiscal colombiano, las del gobierno electrónico y las que deben cumplir todas las entidades sujetas de control como parte de su quehacer cotidiano.

Le sigue la capa de tecnologías habilitadoras (th), que comprende herramientas como Open Data, lenguajes de intercambio de información y otras aplicaciones especializadas, asociadas por lo general a minería de datos, área de la estadística y de las ciencias de la información que permite encontrar patrones en grandes volúmenes de datos.

También cuenta con una metodología de auditoría continua (m), superpuesta con el procedimiento que usan en la actualidad las contralorías del país. 

El cuarto componente son los impulsores del modelo (im), encargados de hacerlo viable en el ámbito organizacional, para lo que se requiere de cumplimiento normativo, competencia tecnológica del auditor gubernamental y voluntad política.

Los cuatro subsistemas o módulos que conforman la propuesta cumplen con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en el que se insta a las contralorías a desarrollar y a aplicar metodologías que permitan el ejercicio inmediato del control posterior. 

Nuevo rol para el auditor 

La propuesta fue probada en la Contraloría General del Municipio de Manizales con 19 auditores gubernamentales: 17 profesionales, un tecnólogo y un auxiliar contable, la mayoría contadores públicos, abogados y administradores de empresas. Según la Auditoría General de la República, esta entidad se considera como una de las mejores del país.

El doctor Valencia Duque menciona que “se llevaron a cabo dos procesos: el primero orientado a diagnosticar el estado de la entidad en función del modelo propuesto, y el segundo enfocado a proponer un plan de acción que permita cerrar la brecha entre lo planteado en el modelo y el estado de la Contraloría.

Con respecto al primer proceso se encontró que a pesar de que los auditores cuentan en promedio con 9,7 años de experiencia en auditoría –en un rango que va de los 24 años a los 7 meses–, y un promedio de 6,7 años específicamente en auditoría gubernamental, hasta el momento el 63,1 % no ha utilizado técnicas y herramientas de auditoría asistidas por computador para desarrollar su labor, y el 92,3 % generalmente utiliza Excel como herramienta para el análisis de datos, sin explotar del todo su capacidad en el análisis de datos.

En ese sentido, los investigadores señalan que el modelo diseñado requiere que los auditores tengan competencias en el manejo de información digital y de herramientas de análisis de datos como acl, idea y picalo, entre otros software especializados.

En relación con el segundo proceso, los profesores Duque y Tamayo afirman que el país necesita avanzar hacia la transformación del rol del auditor gubernamental, para lo cual proponen que este sea un profesional que dedique menos tiempo a tareas operativas y repetitivas –orientadas a ejecutar procedimientos de pruebas– y mucho más a ser un auditor que desarrolla competencias analíticas, volviéndose más competitivo y haciendo que su trabajo genere mayores niveles de productividad porque puede tener más cobertura en el control público en un menor tiempo.

Así mismo, para cerrar la brecha tecnológica recomiendan masificar el gobierno electrónico tanto en los organismos de control como en las entidades sujetas a este, por medio de proyectos piloto que permitan avanzar en el posicionamiento de la auditoría continua como una alternativa idónea para la correcta preservación y vigilancia de los recursos públicos.